martes, 13 de febrero de 2018

Los beneficios empresariales y la equidad fiscal

Los sistemas e instituciones económicas vigentes en los países desarrollados no ayudan a repartir de una forma equitativa las rentas que genera la sociedad en su conjunto. Soy partidario, sin duda, de que todos los ciudadanos tengan derecho, por el simple hecho de vivir, a una vida digna y para ello tienen que tener recursos económicos suficientes. No obstante, las excesivas instituciones económicas vigentes muchas veces no contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos, ni tampoco contribuyen a mejorar los resultados económicos.

A veces contribuyen a aumentar desequilibrios y a conseguir efectos contrarios a las obligaciones del estado. La deuda pública es una de estas instituciones que se usan con efectos perversos, “es una operación innecesaria que responde a un atavismo que procede de la época de los patrones monetarios metálicos[1]”, ya que “La creación y extinción de activos financieros no origina ni destruye riqueza, ni presente ni futura, simplemente transfiere rentas entre unos agentes y otros.[2]” Simplemente supone una transferencia a aquellos más ricos, aquellos que posen títulos de deuda pública, algunos masivamente. “Actualmente los grandes tenedores de deuda pública son los fondos de pensiones y de inversiones donde conservan sus ahorros las personas de mayor renta.[3]

También, el continuo debate sobre las pensiones me parece una forma de seguir ocultando y obviando otras soluciones mejores para la sociedad. La falta de creatividad y el empecinamiento en continuar por caminos trillados, ocultan otras alternativas posibles que pudieran solucionar la problemática actual:logrando resultados económicos más ventajosos y mejorando la equidad social. Caer en el juego del déficit de la Seguridad Social, basado en los ingresos y gastos conforme la contabilidad y los criterios actuales, es seguir borreguilmente el camino dictado por los que más tienen.

Por qué no conocemos la realidad de los beneficios de las empresas. Por qué tenemos que sumar como gastos empresariales aquellos que no tienen nada que ver con la actividad empresarial, ni con su rentabilidad. Necesitamos una sociedad transparente, una sociedad que permita saber la realidad de las actividades empresariales, sus costes, sus beneficios, su rentabilidad. Partiendo de esta base es necesaria una fiscalidad equitativa y proporcional que hiciera pagar más a los que más rentas obtuvieran, bien sean por salarios,  por  beneficios o por otros tipos de rentas, y menos a aquellos que menos obtengan. No es de recibo que salarios menores e incluso indignos paguen más a las arcas del estado que millonarios beneficios empresariales. Los impuestos recaudados deberían servir para hacer posible una vida digna a aquellos que por la causa que fuera no obtuvieran ingresos suficientes y para cubrir también un Estado de Bienestar de acuerdo a los niveles de su economía[4].

El Gobierno cuya misión es velar por el buen funcionamiento de la sociedad y mejorar la vida de sus ciudadanos, debe incentivar actividades necesarias para la vida y el aseguramiento de los bienes públicos, dejando en manos de la iniciativa privada aquello que puede hacer mejor. Sin embargo, debe desincentivar aquellas actividades contrarias a la vida y a los objetivos sociales que tienen encomendados. En ningún modo debe centrarse en mejorar la vida sólo de unos pocos ignorando las necesidades de un sector social.Creo que el Gobierno debe evitar la explotación de unos sobre otros. Por ello debe intentar ser equitativo y evitar que las desigualdades sociales sean escandalosas o dañinas al bien social. Según Thomas Piketty “la redistribución fiscal es superior a la redistribución directa […] [pero] para juzgar los efectos de una redistribución, no hay que limitarse a mirar quién paga: hay que considerar también la incidencia de la redistribución propuesta sobre el conjunto del sistema económico.[5]

Debemos recordar que nuestra querida España no tiene una especial presión fiscal ya que está 8 puntos por debajo en relación a los países europeos. Es importante, al respecto, el  punto de vista de la TMM: entender que en caso necesario y con el objetivo de mejorar la sociedad que se gobierna “el estado debe gastar primero para luego recaudar, ¿por qué no aplicar políticas de gasto que resuelven primero las necesidades sociales más acuciantes? Con posterioridad el estado puede decidir si necesita subir los impuestos y qué colectivos asumirán esa carga adicional.[6]

Si queremos un mundo menos desigual, debemos ser honrados en los datos, debemos ser transparentes y mostrar la realidad de las actividades económicas y de los ingresos de cada uno. Al fin y al cabo todos los ingresos son generados en sociedad. Y partiendo de una sociedad transparente podemos buscar una equidad en las aportaciones al  bien común. Todo ello tiene que estar basado en una democracia fuerte y real en la que el voto de cualquier ciudadano tenga el mismo valor que el voto de cualquier otro.



[1] Medina Miltimore, Stuart (2017:102). La Moneda del  Pueblo. El Viejo Topo.
[2] Ibídem (2017: 101)
[3] Ibídem (2017: 103)
[4] Una de las funciones de los impuestos debe ser el reparto equitativo de la renta y la riqueza. No obstante, conviene aclarar que conforme la Teoría Monetaria Moderna (TMM), un estado que emita su propia moneda no necesita recaudar impuestos para financiarse, sus límites presupuestarios son los límites de la economía real del propio estado.
[5]Piketty, Thomas (2015:48-49). La economía de las desigualdades. Anagrama. Colección Argumentos.
[6] Medina Miltimore, Stuart (2017:94). La Moneda del  Pueblo. El Viejo Topo.

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