Uno de los
debates con mayor presencia en nuestra sociedad es el referido a las pensiones.
Algo lógico en una sociedad envejecida debido al aumento de la esperanza de
vida y la espectacular caída de la fecundidad. No obstante, al igual que viene
pasando con la economía, cuantas más recetas y recortes se han puesto en marcha
últimamente, más negros augurios se visualizan en relación al mantenimiento y
sostenibilidad del sistema público de pensiones. El discurso oficial sobre la
batería de soluciones que pueden aportarse sigue siendo unidireccional y
monolítico promocionando la privatización del sistema como alternativa. La
magia del libre mercado sigue dirigiendo las medidas que se toman. En
consonancia, al estimarse la aportación de los trabajadores y empresarios como
un coste que limita la competitividad y los beneficios de la empresa, se busca
su reducción a toda costa.
Las reformas
realizadas en nuestro País en los años 2011 y 2013 intentaron hacer sostenible
el sistema de pensiones y la reforma laboral de febrero 2012 pretendió
incrementar el empleo, aunque, solamente ha conseguido partir los trabajos a
tiempo completo en trabajos a tiempo parcial, precarios y explotados que se
retribuyen proporcionalmente con menos salario y que, sin embargo, aunque fuera
de la ley, retienen a los trabajadores más horas en el trabajo, a veces por
tiempo superior a la jornada completa. Jornada que se ha convertido en una
reliquia a conservar como muestra de un tiempo mejor. Así, se ha logrado
disminuir la calidad del empleo. Y, en todo caso, la reducción del monto total
de salarios, sólo ha servido para reducir las cotizaciones a la Seguridad
Social, aumentar el déficit por falta de ingresos, y esquilmar, eso sí, la hucha de las pensiones.
No debería
tener que recordar que la primera y gran desigualdad en el mundo capitalista
actual es la apropiación de los medios de producción por parte del capital. Y
una segunda desigualdad, rampante e insostenible, tiene que ver con la
centralidad del mundo del trabajo, cuando, es obvio, que el pleno empleo es una
pura fantasía en un mundo competitivo. Los expertos constatan que el 40 % del
trabajo lo realizarán en un futuro no muy lejano los robots. Y si no hay
trabajo para todos, al menos en el sistema capitalista definido por la búsqueda
del beneficio privado. ¿Qué pasará con aquellos que en la carrera competitiva
no pueden obtener un puesto de trabajo? Así, tener o no empleo remunerado, se está convirtiendo en “el
agente principal a través del que se articula la reproducción de una sociedad
desigual[1]”.
Una sociedad en la que la élite acumula cada vez más riquezas y derechos que van
detrayendo de la gran masa de la ciudadanía que, por otra parte, cada vez más
va engrosando el colectivo de personas afectadas por la pobreza.
Vertebrar
la sociedad alrededor del trabajo es una mala solución en los momentos actuales
y sigue fomentado la desigualdad aún fuera del periodo laboral de los
ciudadanos. Ya que extiende sus tentáculos al periodo de descanso merecido que
nuestras personas mayores han labrado con el sudor de su frente. Si analizamos
las estadísticas oficiales, vemos que según datos del año 2012, las personas
mayores de 66 años sin pensión contributiva alcanzan un 21 % en hombres y un 79
% de mujeres. Por otra parte, la pensión no contributiva es 366 € para personas
que vivan solas. Esta es la foto de la realidad española y no el incremento de
un Producto Interior Bruto (PIB) que principalmente va a parar a las manos de
los que más tienen. Pero, la relación entre las grandes fortunas, la
acumulación de propiedades en pocas manos y el aumento de la desigualdad es
innegable y nos muestra una sociedad injusta, debido, especialmente, al
desigual reparto del poder social.
El sistema
productivo vigente impulsado con el motor neoliberal ha ido colando la
desigualdad por todos los intersticios de la sociedad del libre mercado. Pero,
quién piense que el libre mercado es la varita mágica para resolver los
problemas económicos de los ciudadanos no está mirando la realidad con ojos
objetivos y sólo ve aquello que desea ver. La realidad es que las magras
pensiones de nuestros días incluso han sido la caja de resistencia de las
familias para afrontar en estos tiempos de crisis la escasez y precariedad del
empleo. Y, sin embargo, las pensiones que obtenían los directivos de la banca y
los de las multinacionales han mantenido sus escandalosas diferencias
apoderándose de gran parte de la tarta generada por la sociedad.
La sostenibilidad
del sistema público de pensiones no sólo tiene que ver con los gastos, también
deben ser valorados los ingresos, la financiación de los mismos. No obstante,
hay que tener presente que en España se gasta en pensiones menos de la media
europea. Y, además, el tope de gasto debería tener que ver más con prioridades
políticas que con los ingresos que actualmente se incorporan a la caja de la
seguridad social. No hay ninguna razón para que la financiación se base
exclusivamente en las cotizaciones sociales, atavismo que se arrastra desde el
tiempo de las Mutualidades Laborales. Debemos caer en la cuenta de que los
pensionistas también pagan otros impuestos (IRPF, IVA, etc.), impuestos que en
vez de ser utilizados en su beneficio han servido para rescatar a los bancos y
salir de los agujeros en los que hemos sido empujados.
Con la
reforma del 2013 la pensión media puede bajar al 50 % de suficiencia en
relación con la renta real disponible actualmente. Y, sin embargo, como se ha
podido deducir del texto “El sistema de pensiones es el puntal principal de
nuestro [maltrecho] Estado de bienestar porque de él depende directamente la
subsistencia de 8,5 millones de pensionistas y cada vez más sus entornos
familiares debido al aumento de la pobreza[2]”.
En resumen,
se ha de considerar que los ancianos es uno de los colectivos más débiles de la
sociedad, que además en muchos casos han soportado las necesidades de su
familia durante la crisis. El Gobierno con su política neoliberal ha olvidado a
aquellos ciudadanos que más lo necesitaban y como otros muchos artículos de la
Constitución Española ha ignorado el artículo 50 que dispone: “Los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a
los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio”. Nos quieren vender, sin embargo, que las pensiones
privadas son más seguras que las públicas. Cuando la Seguridad Social es uno de
los mejores inventos, que ha dado resultados extraordinarios y, además, se ha
convertido en un pilar básico del Estado de Bienestar. Los bancos, por contra,
han sido los principales culpables de esta crisis y de muchas otras habidas en
los últimos cien años, arruinando a muchos ciudadanos. Sólo nos queda saber si seguiremos
comulgando con ruedas de molino.
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