miércoles, 23 de noviembre de 2016

Puertas giratorias y persistencia de un modelo energético dañino

Si analizamos la verdadera gravedad de que algunos de los altos cargos y presidentes de los gobiernos anteriores hayan terminado como consejeros de las grandes empresas energéticas españolas, nos sorprenderá constatar que no sólo se han aprovechado y se aprovechan del cargo político que tuvieron y reciben por ellos grandes emolumentos que se nos pueden antojar injustos, teniendo en cuenta la pobreza energética y como lo está pasando gran parte de la población española con la actual crisis, sino que, además, nos obliga a soportar un modelo energético caduco y dañino para la población y para el medio ambiente.

Un cambio en la política energética es, sin duda, necesario: “El importe estimado que Europa pagará si no cambia nada para adquirir combustibles fósiles en el periodo 2015-2050 será astronómico, de más de 32 billones de euros. La misma factura acumulada para España es de 4 billones de euros.[1]” Los ahorros que se pueden conseguir si se hace la transacción a las renovables ascenderían a 8,5 billones de euros en Europa y a 1,7 billones de euros en España. Si tenemos en cuenta, además, que España frenó en seco la transición a las renovables, pasando de ser puntera a nivel mundial a desanimar la transición poniendo, incluso, el famoso  impuesto al sol, que grava el autoconsumo de la energía producida por los paneles solares privados, mientras que Alemania con pocos días de sol, sin embargo, se ha puesto en cabeza en energías renovables y no ha dejado de bajar el precio de la electricidad desde el año 2011. El tema, sin paliativos, es muy grave, y más, si tenemos en cuenta que la pobreza energética mata a 7.000 personas al año en nuestro país.

Debemos ser conscientes de que las cuestiones más importantes de la estrategia energética no son técnicas o  económicas, son cuestiones sociales y éticas que, además, tienen solución claramente política. Dar solución a este problema es indicio del buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Económicamente el tema también es fácil si tenemos en cuenta, por ejemplo, que “lo que a España le costó adquirir combustibles fósiles en 2012 fueron 50.000 millones de euros, [y además] la factura ciudadana, es decir, lo que los ciudadanos españoles realmente pagaron por la compra de gasóleo, gasolina, gas natural y electricidad ascendió, en realidad, a 125.000 millones de euros.[2]” Sin duda cantidades astronómicas que debieran hacer pensar a nuestros políticos en las mejoras que nos estamos perdiendo y los gastos que estamos dilapidando.

Existen además diferencias importantes entre las energías renovables y los combustibles fósiles. En el caso de las renovables la ventaja es que el aire, el sol y el agua son gratuitos. Incluso se puede prescindir de grandes equipamientos. Así una placa solar en el tejado de una casa representa el símbolo más representativo de lo que se viene denominando una cadena eléctrica corta. Sin embargo, el modelo fósil está caracterizado por ajustarse a una cadena eléctrica larga: extracción, transporte, elaboración y suministro. Además “Las fuentes fósiles generan energía mediante su combustión. Debido a ella se pierde, en forma de calor y de CO2, la mayoría de la energía inicial y tan sólo se aprovecha, de media, una cuarta parte de la misma.[3]”

La privatización de las empresas energéticas, por otra parte, sólo ha servido para seguir perjudicando al ciudadano. “Según datos de Eurostat, España, que ha privatizado toda su producción eléctrica, es el cuarto país con la energía más cara de la UE (cerca de 0,24 euros por kWh, mientras que en Francia, que ha retenido la titularidad pública de la producción eléctrica, el precio no supera los 0,18 euros).[4]”

El sistema, no obstante, se resiste a cambiar y los centros de poder luchan por mantener el statu quo. El mundo financiero supone un verdadero potosí para las élites. La especulación en el capitalismo de casino que nos trajo la actual crisis se fraguó en “los distintos regímenes de precios  [que] ayudaron a catalizar el progreso económico de determinadas naciones, así como a mantener un determinado orden internacional, además de servir en el último cuarto del siglo XX para lubricar financieramente el sistema con los petrodólares o los fondos soberanos[5].” Estamos, sin duda, en un mundo caduco en el que lo actual se resiste a desaparecer.

El Gobierno y su voluntad política tienen en su mano mediante el impulso de nuevas tecnologías  realizar un cambio de paradigma. “En el desarrollo de la aviación, la energía nuclear, los ordenadores, Internet, la biotecnología y los actuales desarrollos en la tecnología verde, es y ha sido el Estado –y no el sector privado—el que ha arrancado y movido el motor del crecimiento.[6]” Por contra “la mayoría de empresas y bancos prefieren financiar innovaciones incrementales de bajo riesgo y esperar que el Estado tenga éxito en áreas más radicales […] la tecnología verde requiere un gobierno atrevido que asuma el liderazgo, tal como ha ocurrido con Internet, la biotecnología y la nanotecnología[7].” No obstante, a pesar de  las ventajas que tiene el tránsito a las energías renovables, parece claro que el gobierno tiene las manos atadas por las grandes empresas eléctricas.

Lo preocupante es que uno de los retos más  acuciantes y necesarios es transitar hacia un modelo basado en las energías renovables. Pero la persistencia y el mantenimiento de las puertas giratorias, hace que el cambio necesario tenga que esperar. Las políticas de austeridad animadas y obligadas por la Unión Europea han actuado también de freno de mano ante las iniciativas del Estado en nuestro país. El futuro económico de España y el bienestar de los ciudadanos, son precios que vamos a pagar por el giro dado a las políticas de las renovables. Es necesario dar, por eso, un nuevo giro a estas políticas y además comprender la función de los distintos actores: “Si no comprendemos mejor a los actores implicados en el proceso de innovación, nos arriesgamos a que un sistema de innovación simbiótico, en el que el Estado  y el sector privado se benefician mutuamente, se transforme en un sistema parasitario, en el que el sector privado sea capaz de extraer beneficios de un Estado al  que al mismo tiempo se niega a financiar.[8]”



[1] El cambio urgente y rentable. Ramón Sans Rovira. Alternativas Económicas núm. 41. Noviembre 2016, pág. 21
[2] Ibídem pág.22
[3] Ibídem pág. 20
[4] Medina Miltimore, Stuart (2016:153). El Leviatán desencadenado. Lola Books.
[5] Mañé Estrada, Aurelia (2016:121). El gran negocio mundial de la energía. RBA
[6] Mazzucato, Mariana (2014:43). El Estado emprendedor. RBA.
[7] Ibídem (2014:36-37)
[8] Ibídem (2014:62)

jueves, 17 de noviembre de 2016

¡Populistas!

En nuestro país el término populismo se ha puesto de moda para denostar y descalificar a determinado partido. Cualquier acontecimiento social es aprovechado por periodistas acomodados para, mediante la palabra mágica “populista”, generar miedos y emociones negativas en las mentes de sus oyentes y lectores. Esta palabra se ha convertido en el argumento más fácil  y malévolo para tapar realidades y evitar verdaderos debates que pudieran ser útiles para la sociedad.

Populista significa “perteneciente al  pueblo”,  por lo que,  por sí mismo, el término no tendría que suponer ninguna connotación peyorativa; otra  palabra democracia: “poder del pueblo”, atribuye al pueblo el poder político y es ensalzada por todos y temidos los efectos de su debilitación. Populista según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es definido como “perteneciente o relativo al populismo”. Y populismo como “tendencia política que pretende atraerse a las clases populares.” Sin embargo, se pretende hacer ver a la población y destacar, que quien emplea las necesidades, las frustraciones, la indignación o la necesidad de eliminar la corrupción de la vida pública lo hace de un modo interesado, para sus propios fines partidistas y no como propuestas de solución para los verdaderos problemas de los ciudadanos de una país que claman por unos derechos y libertades o estado de bienestar social que pudiera haberse perdido o perderse. Esta intencionalidad peyorativa del populismo entiende que las propuestas de igualdad social que pretenden favorecer a los más débiles es un uso instrumental de los partidos políticos que enarbolan estas necesidades ciudadanas en beneficio propio.

En principio, como se ha dicho, no es un término al que se le encuentre un lado negativo. No obstante, en el ámbito político, el populismo apela a la intención de ganarse al pueblo mediante promesas que nos se van a cumplir. La demagogia consiste en apelar a prejuicios emociones, miedos y esperanzas de los ciudadanos para obtener el apoyo electoral con finalidad principalmente electoralista. Lo gracioso de esta argumentación es que nos lleva a considerar populistas, con evidencia empírica, a aquellos partidos políticos que ya han asumido la tarea de gobernar y no han cumplido sus promesas electorales. Y son precisamente estos partidos los que vienen etiquetando de populistas a aquellos que todavía no han gobernado, porque consideran, en aras a su propio interés, que sus propuestas son incumplibles. Sin querer, no obstante, reconocer que ellos ni cumplieron sus promesas, ni sus actuaciones han servido para alcanzar los objetivos que se propusieron.

En el ámbito político, por tanto, se emplea el término populismo para atacar o denostar al adversario de manera interesada y supone una especie de espejo que sólo proyecta la realidad de aquel que los está denunciando y,  realmente,  sólo procura un mayor número de votos al propio denunciante. Y es que quien denuncia sólo tiene intención de transmitir a la población la descalificación del otro y, si se analiza un poco más nuestra realidad política, lo hace mediante una transferencia de sus propios actos. Estos denunciantes son capaces de defender, al socaire de sus metas, la necesidad política y económica de que unos ganen miles de euros diarios y otros no los ganen en su vida, defender la sinrazón de muertes inútiles dentro y fuera del Mediterráneo y guerras sanadoras, defender que los pobres se  lo merecen mientras los ricos multiplican sus riquezas sin esfuerzo y especulando adictivamente.

¿Es populista aquél que procura el bien del pueblo? ¿Quién y en base a qué se considera que las propuestas son o no posibles a priori? ¿Qué evidencias pueden aportar los que tienen siempre en boca la palabra populista para manipular a la población con su marketing verdaderamente populista? ¿Por qué siempre son los otros los que están equivocados? El respeto a las ideas de todos los ciudadanos es la base de la democracia. Pero, la falta de compromiso con la verdad y la desidia en el esfuerzo son el soporte de las posturas intolerantes y poco democráticas. Se requiere una cultura ética para poder conseguir un mundo mejor para todos y evitar los riesgos que apuntan a un colapso irremediable si seguimos con posturas egoístas e insolidarias. Einstein ya nos adelantó que “Sin ética no hay esperanza para la humanidad.”

El meollo y el soporte del pluralismo político son el diálogo, la tolerancia y el respeto. Utilizar la palabra “populista” en términos peyorativos no dice nada a favor de aquellos que la usan para esconder sus debilidades, sus intenciones y sus embustes. Sin embargo, estos son los que siguen sacando réditos en forma de votos y siguen gobernando a pesar de ser la imagen precisa y bien conformada de lo que ellos llaman populismo. El manoseo de las palabras va en contra de la verdad y así de tanto abusar del término populista estamos, incluso, desgastando también la DEMOCRACIA.

viernes, 11 de noviembre de 2016

La banalidad del mal

La corrupción se extiende como mancha de aceite por toda la sociedad, pero los resultados de las  distintas elecciones habidas en nuestro país en el último año, parecen avalar que estamos banalizando el mal; expresión que utilizó y analizó Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén. Nuestra sociedad de hoy, parece demostrar que nuestros conciudadanos consideran que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer y que los males que nos aquejan son males necesarios y comunes. No cabe duda de que para llegar a esta situación los medios de comunicación vinculados a los poderosos han entrado en pie de guerra para cerrar toda la posibilidad a nuevas ideas y sensibilidades. Y no sólo a nuevas ideas sino a la posibilidad de que el pueblo pueda ponerse a pensar. Confundir, dar espectáculo y banalizar el mal podría ser su lema.

Nos hemos acostumbrado tanto a los casos de corrupción que parece ser la forma habitual de comportarse de nuestros ciudadanos. Asumimos la corrupción como si fuera la carrera universitaria más aplaudida en nuestro país. Debemos tener en cuenta que “La banalidad del mal no tiene que ver con la psicopatología, sino con la normalidad, aun si la característica de esta normalidad es la de ser funesta y siniestra[1].” Y, así se pregunta el psicoanalista y psiquiatra francés Christophe Dejours “cómo la racionalidad ética puede perder su puesto de mando, al punto de resultar no borrada, pero sí invertida.[2]”

Los ciudadanos que vivimos en democracias creemos estar por encima de los demás, aquellos que viven en otros sistemas políticos, pero algo está afectando a nuestros sentimientos, algo está anestesiando nuestro sentido de justicia. A mayor corrupción, a mayor número de muertes de inmigrantes, a mayor número de mentiras demostradas, a mayor número de guerras y muertes innecesarias, a mayor desigualdad y pobreza; el mundo democrático más se mantiene en posturas radicales y extremistas a favor de valores insolidarios y contrarios a los derechos humanos.

El aumento de la desigualdad en los países desarrollados, entre los que España y Estados Unidos son punteros y paradigmáticos, nos demuestra la división que algunos pretenden de la humanidad y, por tanto, el descenso del humanismo de forma acelerada. En nuestro país sabemos que no sólo las clases medias están siendo perjudicadas por el pensamiento mágico del neoliberalismo sino que ha sido el 20% más pobre de la población española el que más renta ha perdido en estos últimos años, lo que demuestra la baja moralidad de nuestras políticas. En España los ricos son cada vez más ricos, y los pobres son cada vez más pobres, y la brecha entre unos y otros seguirá aumentando mientras no se tomen medidas que cambien la dirección actual.

El informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), nos dice que en España hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión y de esos 13 millones, 3,5 se encuentran en una situación de pobreza severa. Sin embargo, se sigue desahuciando a gente atrapada por el juego sucio de los bancos que sólo sirvió para beneficio de ellos mismos. Se venden viviendas públicas a los fondos buitres para que sigan cerrando la horca de la que penden los inquilinos y así hacer negocios rentables con el dinero de todos.

Escribía también Hannah Arendt que “Solamente en los casos en que tenemos buenas razones para creer que esas condiciones podrían ser cambiadas, pero no lo son, estalla la furia. No manifestamos una reacción de furia a menos que nuestros sentido de justicia se vea atacado”. Creo que las condiciones, fuera de un falso populismo, pueden ser cambiadas. Y para cambiar las condiciones de esta situación, a mi modo de ver claramente injusta, la base tiene que ser el cambio de nuestros valores. Por ello se necesita educar en valores democráticos que busquen una sociedad más justa en la que todos podamos vivir dignamente y perseguir nuestro desarrollo integral.

Hasta el propio Papa se pregunta ¿por qué salvamos a los bancos y no a los emigrantes?, mientras la mayoría de la ciudadanía vota a favor de que los mercados lo arreglarán todo e insensibles a la realidad social, se permite y se banaliza la corrupción, la injusticia, la desconsideración al emigrante, la despreocupación con el desahuciado, la indiferencia ante el que queda atrás en la carrera competitiva de este capitalismo desenfrenado.

La escisión del yo, es una de las razones que apuntan los expertos. La facultad de pensar se suspende en sectores concretos, pero, en cambio, se mantiene ejerciéndose de modo correcto en los demás sectores de la vida privada: educación de los hijos, trabajo, vida amorosa, intereses artísticos y culturales, etc. La ausencia de pensamiento en aquellos sectores contra los que no se puede luchar, en sectores en los que nos sentimos impotentes, en los que sentimos miedo e inseguridad, podría ser la causa de la maldad banalizada.

Es importante recordar y grabar en nuestra mente lo que nos decía la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; [...] el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.” No se puede tener una conciencia laxa frente a lo que pasa. No se puede educar sólo para competir y ganar a los demás en un mundo en el que al final todo se perderá. Hay que educar para convivir y buscar una vida libre y digna para todos.



[1] Dejours, Christophe (2009:114). Trabajo y sufrimiento. Editorial Modus Laborandi S.L.
[2] Ibídem (2009:115).

sábado, 5 de noviembre de 2016

Una política de pleno empleo


El libro Economics of Employment del economista ruso Abba P. Lerner, publicado en 1951, no es de ningún modo un texto que se pueda considerar obsoleto especialmente en la actual coyuntura de nuestro país. La falta de empleo y el enorme paro se consideran el principal problema según nuestros ciudadanos. En la última encuesta del CIS el 71,6 % de los encuestados veían el paro como el principal problema. Sin embargo, el bochornoso espectáculo de los partidos políticos de nuestra querida España sirve como cortina de humo, como medio de desviación de la atención, para tapar su corrupción e ineptitud y para no aportar ninguna solución verdadera a este problema acuciante. Lo cual nos da a entender que para algunos partidos políticos la situación de paro y escasez de empleo es la adecuada[1], ya que así en el juego de la oferta y la demanda, la mayor oferta de trabajo hace posible la disminución de los costes salariales, contribuyendo, de esta manera, a una mejora de la competitividad de las empresas exportadoras y al incremento de beneficios de las más.


Obviamos, como nos decía el propio Lerner, que “La ventaja más clara del pleno empleo es que podemos disponer de una mayor cantidad de bienes y servicios que en la depresión. Esta ventaja es tan grande que [...] sorprende su magnitud y [...] nos hace suponer que es la razón más sólida para poner en práctica la política de pleno empleo.” Warren Mosler, pionero en la defensa de la Teoría Monetaria Moderna (TMM), también apuntaba en su libro Los siete fraudes inocentes capitales de la política económica: “Cuando trabajamos por debajo de nuestro potencial –por debajo del pleno empleo- estamos privando a nuestros hijos de bienes y ser­vicios reales que podríamos estar produciendo para ellos. Del mismo modo, cuando reducimos nuestro apoyo a la educación superior, esta­mos privando a nuestros hijos del conocimiento que necesitarán para ser lo mejor que puedan ser en el futuro. Así, también cuando reali­zamos recortes en la investigación básica y la exploración del espacio, estamos privando a nuestros hijos de todos los frutos de ese trabajo y, en su lugar, los estamos transfiriendo a las colas del paro.”


La pérdida de producción y el capital humano devaluado y desmotivado es el pre­cio real que la sociedad, nosotros y nuestros hijos estamos pagando ahora y que hace menos esperanzador tanto el presente como el futuro. Es una locura vivir con menos de lo que podemos producir, sin menoscabar el medio ambiente, y sostener niveles al­tos de desempleo (junto con toda la delincuencia asociada, problemas familiares, problemas médicos, problemas éticos, etc.), mientras privamos a nuestros hijos de las inversiones reales que se habrían hecho para ellos, si supiéramos cómo mantener nuestros recursos humanos y técnicos en pleno empleo y pro­ductivos.


Lerner nos decía que la Hacienda Funcional (HF) es la política más realista que procura lograr el alto pleno empleo, que regula el nivel de gasto requerido en el circuito económico y, por consiguiente, el volumen de empleo. Su propósito es evitar que la economía caiga en los extremos de la deflación o la inflación. Es verdad que el aumento de empleo genera una mayor corriente de gasto en bienes y servicios y existe un punto donde no es posible generar más empleo sin inflación “La forma de evitar la inflación es asegurar que el crecimiento de las rentas agregadas no supere la capacidad de crecimiento de la oferta agregada[2].” También es verdad que cuando el nivel de gasto es insuficiente, y se mantienen recursos ociosos se produce deflación; la demanda agregada es baja debido al paro y no pueden venderse todos los productos estocados en el mercado. La forma de evitar la deflación es permitir que los recursos ociosos existentes en la sociedad se incorporen al mercado de trabajo con la creación de nuevos empleos que aumentarán la demanda agregada de productos.


Según William Mitchell, puntero en la defensa de la Teoría Monetaria Moderna (TMM) “podemos afirmar que allá donde hay altos niveles de desempleo, el gasto público es demasiado bajo con respecto a la actual recaudación de impuestos, o que los impuestos son demasiado altos en relación al nivel de gasto público.” Y por ello le “Resulta casi increíble que los ciudadanos toleren gobiernos que deliberadamente obligan a millones de personas de todo el mundo a caer en el desempleo debido a la ausencia de una cierta cantidad de financiación que el gobierno siempre puede proporcionar.”


Señalar por último que mantener el Euro es otra de las causas que hace difícil llevar a cabo una política de pleno empleo. La lógica del “patrón oro” ya no es aplicable a los sistemas monetarios modernos, como viene demostrando la TMM. Incluso como nos dice Stuart Medina “No sería muy aventurado suponer que la necesidad de mantener el tipo de cambio fijo fue una de las causas que explican las tradicionalmente elevada tasa de desempleo de la economía española en los años 80 y 90.[3]” Y como se ha demostrado en múltiples ocasiones en distintos países “mantener un tipo de cambio artificial nos expone a agresiones de los especuladores que resultan muy costosas para la sociedad.[4]”


Debemos descolonizar nuestro pensamiento. Sí, hay alternativas a la actual política cicatera y esclavista con los más necesitados. La respuesta no es la austeridad expansiva, concepto que así mismo se rechaza por imposible. Tampoco devaluar los contratos, reducir los salarios, presionar la vida de los ciudadanos mediante la inseguridad, la necesidad y el miedo: no son soluciones válidas, ni éticas. El pensamiento cerril que nos impone una sola forma de ver la economía, sólo es un pensamiento interesado de aquellos que lo imponen con ocasión del excesivo poder que han adquirido extrayendo riqueza no merecida de la sociedad globalizada. La respuesta ya la puso en marcha tímidamente el Presidente Zapatero con su plan E, la respuesta tiene que venir del gasto público, pero no dando dinero a los bancos para que se pierda por el sumidero, sino realizando inversiones y posibilitando que los ciudadanos tenga más posibilidades de compra. Pero, para esto, se necesita que nuestro Estado tenga control sobre su moneda y libertad de déficit que, sin embargo, fue constreñido con la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución.




[1] Para algunos intereses mantener “un ejército de reserva de parados” supone la contratación de personas con necesidad a un menor coste.
[2] Medina Miltimore, Stuart (2016:156). El Leviatán desencadenado. Lola Books.
[3] Medina Miltimore, Stuart (2016:239). El Leviatán desencadenado. Lola Books.
[4] Medina Miltimore, Stuart (2016:240). El Leviatán desencadenado. Lola Books.

lunes, 31 de octubre de 2016

Los buitres se lanzan sobre las pensiones

A nadie se le escapa que el volumen financiero de las pensiones es muy tentador. Por ello, la ideología neoliberal, con la excusa de que el mercado todo lo arregla y que debemos dejar al mercado que nos resuelva todos los problemas, quiere arremeter contra uno de los bastiones más importantes del Estado de Bienestar, el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Una institución que ha funcionado perfectamente en sus años de existencia y que ha conseguido dar protección y merecido descanso a aquellos que han trabajado duramente y que llegando a una edad disfrutan de los derechos adquiridos en los últimos años de su vida.

Para realizar el acto de voladura del sistema, los correligionarios del “menos Estado y más mercado” llevan años inyectando miedo en la sociedad: la pirámide de población está invertida, una persona trabaja para poder pagar a cuatro pensionistas, llega la jubilación de la generación del baby boom, la caja de la seguridad social es deficitaria y el fondo de reserva apenas nos llegará al 2017, etc., etc.

Dos mitos, entre muchos, están insertos en tales afirmaciones. Uno: el envejecimiento demográfico arruinará nuestro sistema público de pensiones si no se toman medidas para garantizar su sostenibilidad. Dos: Se cree todavía que el ahorro del presente financia el consumo del futuro y que el Estado requiere ingresos para financiar el gasto. Pero en todos los problemas que se señalan en relación a las pensiones, la solución tiene sobre todo que ver con la voluntad política al repartir la renta y la riqueza.

En relación con el primer mito los analistas plantean múltiples soluciones que pueden paliar la problemática dentro del paradigma económico vigente: Una reforma del mercado de trabajo que sirva para aumentar el empleo y, sobre todo, la productividad; realizar cambios estructurales que rebajen la tasa de paro y eleven la ocupación; incrementar el salario mínimo para que la cotización a la Seguridad Social sea mayor; elevar los topes de cotización; bajar las pensiones; alargar la edad de jubilación; reducir los gastos; elevar los tipos de cotización, etc. Pero para resolver la situación de forma justa, fuera de falsos alarmismos, lo realmente importante es la riqueza que tiene la sociedad y la producción y servicios que es capaz de realizar para uso y disfrute de los ciudadanos en cada momento. Tiene, entonces que ver, con la sociedad que queremos construir y con la distribución de la riqueza más o menos igualitaria, para que todos los ciudadanos tengan el acceso a la generación de riqueza y a unos medios de vida que le permitan un libre desarrollo de su vida.

En el segundo caso tenemos un mito que se rompe por su base si comprendemos perfectamente lo que supone el ahorro a nivel de sociedad. Éste, como ya hemos reiterado en muchas ocasiones, no es igual al ahorro en la economía doméstica, donde el presupuesto tiene que estar equilibrado, al menos a medio plazo. A nivel de sociedad los gastos de unos son los ingresos de otros. El ahorro público lo que supone, entonces, es la retirada de medios de pago en el sector privado. Sin embargo, el gasto público, cuando se tiene controlada la inflación, supone siempre ingresos del sector privado y medios para que la economía mejore. Así, dotar un fondo de reserva supone una restricción autoimpuesta por el gobierno sobre el gasto público que, en ningún modo es necesaria ni beneficia al sector privado como se cree.

La riqueza real que una sociedad tiene en un momento dado viene dada por la producción de bienes y servicios que obtiene en ese momento. No se puede consumir nada más que aquello que existe en forma de producto o servicio. Aunque si se pueden disfrutar, durante un tiempo, aquellos bienes, como la vivienda, cuya vida media es larga. Pero, los pensionistas que cobren dentro de 20 años, no pueden consumir alimentos, productos con caducidad y servicios que se realicen en el presente. Sigue habiendo excepciones, pero cada vez más raras por la obsolescencia programada de los productos. Por tanto, los bienes y servicios que consumimos hoy no pueden ser devueltos al pasado ni enviados al futuro. No comemos, tampoco, billetes, ni números de apuntes contables. Si en el futuro la producción no es suficiente para cuidar tanto de los trabajadores como de las personas dependientes, ninguna acumulación de riqueza financiera en el pasado permitirá atender a los ancianos.

Lo que sí es un problema es que estemos desperdiciando un montón de posibilidades de empleo. Que muchas personas no puedan trabajar y así producir y dar más y mejores servicios que aún hoy son necesarios. Lo que sí es un grave problema es que dejemos las máquinas paradas porque la mayoría no tiene medios de pago, que, por otra parte, han acumulado avariciosamente una pequeña minoría. Lo que sí es un grave problema es el hecho de que el sistema financiero haya generado un mundo en el que la deuda, que en principio permitía la puesta en marcha de inversiones costosas que beneficiarían a la sociedad, se haya convertido en un monstruo que, como agujero negro, hace que los medios de pago y la riqueza existente caigan en muy pocas manos interesadas en especular, dejando a la mayoría, el recurso de volver al campo, producir para el autoconsumo y volver a tiempos pretéritos: tiempos feudales.

Por ello, todos nos debemos preguntar a quién interesa la voladura-privatización de las pensiones. Y estoy seguro que todos tenemos una respuesta fácil.


martes, 25 de octubre de 2016

Los efectos perversos de la competitividad

La sociedad desarrollada en la que nos movemos está secuestrada por el mundo del trabajo y éste, a su vez, se rige por los principios de la libre empresa en un marco que cada día es más internacional. En este marco las naciones y las empresas tienen que luchar desesperadamente por los ingresos que puedan mantenerlas a flote. La fuente de dónde beben para sobrevivir se denomina “competitividad”. En los últimos tiempos “El término “competitividad” ha retomado un papel protagonista a partir de la crisis económica y sus posibles salidas[1]” y se transforma en una especie de varita mágica que convierte en oro todo lo que toca. Pero, como en el cuento, este oro puede hacernos prisioneros de efectos perversos e indeseables.

La Real Academia Española en su 22ª edición nos da dos acepciones para la palabra competitividad: 1. Capacidad de competir. 2. Rivalidad para la consecución de un fin. En Economía “la “competitividad” es un término microeconómico, referido principalmente al ámbito de la empresa y su capacidad para competir frente a otras en el mercado. Ser perverso suele implicar maldad e intención de perjudicar, pero en  economía, sin embargo, debemos sólo considerar que una medida tiene efectos perversos cuando éstos son contrarios a los que debería provocar. Es un calificativo que se limita a esas consecuencias sin que se extienda, por tanto, al carácter de las personas involucradas.

No cabe duda de que la globalización del comercio y la inversión han producido impresionantes cambios y que ha habido beneficios tangibles. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza extrema. Sin embargo, en ausencia de normas globales suficientemente progresistas, la globalización está exacerbando también algunos de los efectos más devastadores del capitalismo. El incremento de la desigualdad y los problemas del medio ambiente son problemas a resolver de manera inmediata. Según explicaba Carlos Taibo: “dos grandes mitos mil veces invocados: tanto la productividad como la competitividad obedecen a una visión de los hechos económicos claramente marcada por los intereses empresariales y son fundamentalmente principales de un orden[2]”. Así, las empresas, con la excusa de la austeridad, vienen utilizando las condiciones laborales de los trabajadores como un elemento importante de su competitividad, y los Estados, además, favorecen esta dinámica con normas laborales que hacen posible el dumping social.

Mayores consecuencias se producen cuando pasamos a usar la competitividad en términos agregados, macroeconómicos, para referirnos a países o incluso áreas económicas como la propia Unión Europea[3]”. “…en términos macroeconómicos, tiende a referirse a la capacidad exportadora de una economía y cómo evoluciona ésta en el tiempo. Así, una economía competitiva sería aquella en la que sus ventas al exterior de bienes y servicios ganan peso relativo en el conjunto de exportaciones mundiales sin perder los productos nacionales cuota de mercado interior[4]”. La lucha por exportar más se convierte en un juego peligroso en el que todos pierden, ya que la competitividad no es un juego de suma cero. Las exportaciones de unos son las importaciones de otros, es verdad, pero, además, para poder adelantar al otro en el monto de las exportaciones, se necesita seguir mejorando en la competitividad en un juego sin fin, en el que principalmente se utiliza la devaluación salarial cuya meta, según nos demuestra la realidad en la que vivimos, es el empleo indecente, precario y mal pagado.

Como dice Joaquín Estefanía: “La búsqueda de la justicia social es un obstáculo para la eficacia económica” […] “En nombre de la eficacia se ha mandado a millones de personas al paro, se ha procedido a una distribución de la renta y la riqueza crecientemente desigual en el interior de los países, se ha esquilmado la naturaleza y se ha secuestrado la voluntad de la mayoría en beneficio de unos pocos, que se auto-presentaban como los únicos capaces de comprender y aplicar las recetas hacia la civilización[5]”.

Seguro, no obstante, de que podemos encontrar miles de ejemplos en los que la competitividad es favorable a los intereses sociales. El mundo del deporte nos permite apreciar también muchos de ellos. Pero poner en los más alto del altar la competitividad, sin limitaciones, nos puede llevar a efectos que no podemos desear a nadie. Muchos son los efectos perversos de la misma: el reparto inequitativo de la renta y la riqueza, la devaluación salarial o devaluación interna, la desigualdad, la falta de empleo y el desempleo, la deuda, los problemas ecológicos, los paraísos fiscales que se encuentran incluso en nuestra querida Europa: Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Holanda.

La internacionalización comercial y la globalización han fomentado, además, un incremento de las deudas importante. Los ahorros de unos han facilitado las deudas de otros generando un volumen descomunal de deuda privada, que permitió, sobre todo, la financiación de un gigantesco proceso de acumulación y adquisición de riquezas a favor de grandes multinacionales y capitales (grosso modo el 1 % de la población mundial). La ausencia de una mínima explicación coherente sobre la dinámica de la deuda privada por parte de la profesión económica ha generado un enorme daño social y económico. La crisis generada por la acumulación, además, no vislumbra su fin, a pesar de que hay quién lo esté vendiendo. Las recetas que se aplican nos mantienen en un camino duro e incierto, y parece que seguimos caminando hacia una nueva depresión aún más imprevisible[6].




[1] Estrada, Bruno y otros. ¿Qué hacemos con  la competitividad? Ediciones Akal, S.A. 2013.
[2] Taibo, Carlos (2011:30). El decrecimiento explicado con sencillez. Los libros de la catarata, 2ª Edición Octubre 2011.
[3] Ibídem.
[4] Ibídem.
[5] Estefanía, Joaquín (2013). Capitalismo, Socialismo y democracia. Revista la Maleta de Portbou, núm. 1, septiembre-octubre 2013.
[6] Un nuevo informe publicado recientemente por el Fondo Monetario Internacional muestra que algunos bancos de Estados Unidos y Europa quizás no sean lo suficientemente fuertes para sobrevivir a otro revés, incluso con ayuda estatal.

miércoles, 19 de octubre de 2016

¿Son los banqueros seres superiores?

Hasta la década de 1990, el negocio bancario era relativamente sencillo. Se dice que los banqueros funcionaban con la regla del 3-6-3: tomar depósitos al 3 %, conceder créditos al 6 % y quedar en el campo de golf a las tres de la tarde. Como se ve un trabajo que muchos quisieran, especialmente en estos tiempos oscuros. Sin embargo, los desequilibrios existentes en la arena internacional, al que contribuían algunos países emergentes y Alemania, generaron un gran ahorro que supuso una caída de los tipos de interés y en consecuencia los banqueros tuvieron que lidiar con ganancias menguantes y tuvieron que buscar creativamente nuevas herramientas que mejoraran sus beneficios.

Su desbordante creatividad les llevó a generar nuevos productos financieros que se creían completamente seguros y que nos llevarían a un futuro perfecto, pero que tenían compradas  todas las papeletas para que el resultado a nivel social fuera un completo desastre. Y todo se vino abajo, aunque seguían preguntándose ¿cómo podía  haber ocurrido? Esta creatividad segura fue uno de los factores más trascendentes que nos trasladó a la crisis iniciada en el 2007. Realmente el sistema financiero se aprovechó cubriendo los riesgos que en su caso no pagarían ellos. Lo que se denomina riesgo moral, un concepto económico que describe aquellas situaciones en las que un individuo tiene información privada acerca de las consecuencias de sus propias acciones y sin embargo son otras personas las que soportan las consecuencias de los riesgos asumidos. Otra definición más concisa es: riesgo de que un seguro haga que el asegurado incurra en mayores riesgos.


El trabajo de los bancos  surtió sus efectos y antes sus dificultades fueron inundados con dinero público. Pero por mucho que se inyectaban millones y millones de euros, los créditos seguían sin crecer y es que nadie se atrevía a invertir en una economía sin futuro. Mejor, sin duda hubiera sido dar dinero al que lo necesitaba, generar puestos de trabajo que recortaran sólo la desigualdad, etc. Pero, estas opciones estaban vetadas, aunque las consecuencias de seguir en las mismas políticas no generaran esperanzas. Y Así, llegando a nuestros días, vemos que según el Banco de España los activos improductivos que aún mantienen los bancos de nuestro país representan 213.000 millones de euros y eso que ha descendido este importe en los últimos años. No obstante, la tasa de morosidad sigue siendo todavía superior al 9 %, lo que según los propios banqueros supone un porcentaje muy superior a lo que se necesita para obtener rentabilidad. Como se ve ni los propios bancos levantan cabeza a pesar de que sólo se miran al ombligo.

Un dato inquietante es la baja rentabilidad del negocio español, que en el año 2015 fue una media del 4,4 % frente a un coste del capital que se situó en el 8 %. No obstante, a pesar de la baja rentabilidad, a pesar de la crisis financiera en la que los bancos fueron los principales responsables, los ejecutivos bancarios siguen sumando emolumentos desorbitantes, sin que ninguna ley y ninguna institución les ponga freno. Y sin duda estos señores deben ser superiores, de otra pasta, si tenemos en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional de España es de 655,20 €, los recortes del gasto social en alguna Comunidad superan el 35 % entre los años 2007-2013, la tasa de paro juvenil sigue todavía en un 46,48 % y los parados, aquellos que manifiestan que quieren trabajar y no pueden, según la última Encuesta de Población Activa son 4.574.700 personas. Pero es que además somos casi líderes mundiales en preparar a los trabajadores para aquello que no se requiere[1].

Se ha denomina Bancos zombis a aquellos que no han quebrado gracias a la ayuda que recibieron de los gobiernos pero que no cumplen con su función básica de dar crédito intermediando entre depositantes y emprendedores que necesitan liquidez para iniciar sus negocios. Parece que para los gobiernos es mejor mantener este tipo de instituciones que preocuparse por los ciudadanos. Pero es que últimamente, pretender defender a los pobres y denunciar las desigualdades y las pérdidas de derechos se considerada una actitud populista y relativa a la izquierda retrógrada y propia de tiempos pasados que no deben volver. Parece que un liberal como John Stuart Mill tenía razón cuando decía que “todas las clases privilegiadas  y poderosas han utilizado su poder en beneficio de su egoísmo.” Pero, ser egoísta e insolidario no convierte a las personas en superiores. El hombre es un ser social y en todo caso rebajaría su estatuto de persona.




[1] El 30 % de los trabajadores les cuesta encontrar un empleo porque carecen de formación demandada.

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