En las sociedades actuales se hace girar el
entramado social alrededor del empleo remunerado. El mercado y el trabajo nos
definen. La mayor parte de la población obtiene su sustento a través de un
trabajo remunerado para así poder adquirir en el mercado los productos y bienes
necesarios para poder vivir. Esta forma de organización social, no obstante,
trata injustamente a aquellos que no encuentran trabajo y a aquellos otros,
hasta ahora principalmente mujeres, que dedican su vida a la procreación, a los
cuidados de su familia y personas dependientes, sin tener trabajo remunerado,
sin tener empleo.
Las mujeres en la historia del capitalismo han sido
las grandes olvidadas de la sociedad. Conseguir el voto de la mujer fue una
lucha con muchos costes y lograr la igualdad de oportunidades seguirá siendo
una utopía si no se encuentran herramientas que no hagan depender la igualdad
de oportunidades de la consecución de un empleo retribuido por cuenta ajena.
La Renta Básica Universal (RBU) es una herramienta
sencilla que puede lograr resultados sorprendentes en relación a la igualdad de
oportunidades, la libertad de las personas para elegir trabajo y modo de vida,
justicia para aquellos trabajos que no están actualmente remunerados, por no
estar integrados en el mercado, pero que son muy necesarios para la pervivencia
de nuestras sociedades, incremento de la demanda[1].
En definitiva la RBU se puede considerar una herramienta política que
posibilitaría el ejercicio pleno de la ciudadanía igualando las oportunidades y
eliminando la pobreza.
La RBU es mucho más razonable que cualquier
subsidio y ayuda para paliar la situación de extrema pobreza. En primer lugar
porque automáticamente ofrece a todo los ciudadanos unos recursos superiores a
los niveles de pobreza, además no etiqueta, ni estigmatiza, a ninguna persona
como vago o apestado social sino que lo considera un ciudadano con derechos; en
segundo lugar porque desde el punto de vista administrativo ahorra muchísimos
costes al no necesitarse justificación alguna[2],
ni el control de la Administración para evitar engaños y fraudes; en tercer
lugar porque no desincentiva, en contra de lo que vulgarmente se piensa, la
aceptación de trabajos temporales y parciales; en cuarto lugar debilita la
desigual negociación que tienen los empresarios con la masa de trabajadores en
busca de trabajo a cualquier precio y condición. Las experiencias con rentas de
inserción o similar no han conseguido suprimir las bolsas de pobreza. Y, por
otra parte, las prestaciones sociales que se vienen dando, por lo general se
pierden al aceptar trabajos precarios, sin embargo, la RBU se da incluso a
aquellos que trabajan por lo que incentiva
la aceptación de trabajos en mayor medida que las prestaciones sociales a
personas o grupos necesitados.
Si la sociedad quiere tratar igual a los iguales,
no parece que estemos en el buen camino ya que existen múltiples situaciones en
las que se está discriminando por realizar el mismo cometido social. Así no
tienen los mismos derechos los padres que acaban de tener un hijo y que tienen contrato de trabajo y cotizan a la
Seguridad Social, que aquellos otros que por estar en el paro o no tener empleo
no tienen ninguna prestación, o muy escasa, y sin ningún derecho; no es lo
mismo cuidar a un anciano o dependiente en un centro de trabajo, privado o
público, que cuidarlo en casa; no es lo mismo nacer en una familia con
posibilidades que en otra en la que la tarea diaria consiste en buscar la
manera de comer y poder llegar al día siguiente; no es lo mismo…
En una sociedad del conocimiento, cada día más
participativa a nadie se le puede permitir apropiarse de los adelantos que la
propia sociedad, en un concepto extensivo, moviliza. Los beneficios de la
productividad generada por las mejoras tecnológicas, como indicaba en mi
anterior artículo[3], deben
repartirse y disfrutarse por todos los integrantes de la sociedad, ya que no
hay mejora ni pequeña ni grande que no esté soportada por la participación de
multitud de personas. Internet y el mundo de las redes han hecho que el
conocimiento cada vez sea más difundido y su desarrollo más participado. Sin
embargo, la actual legislación sobre las patentes y los derechos de autor,
consiguen frenar los avances sociales en favor, en la mayor parte de las
ocasiones, de beneficios privados. El caso de los medicamentos es un ejemplo
paradigmático que obstruye el tratamiento eficaz de los enfermos que no pueden
pagarse el tratamiento e impide el desarrollo y mejora de la investigación,
olvidándose de la muerte de miles de personas en el mundo.
¿Cuántas vidas se malogran por no aplicar los
Derechos Humanos reconocidos pero no aplicados internacionalmente? Y, sin duda,
son las mujeres las que siguen siendo las perdedoras. El derecho al voto, el
reparto de tareas, la igualdad de salarios por el mismo trabajo, etc., son
peldaños que se van subiendo, pero a base de un gran esfuerzo de las propias
mujeres. La doble jornada, la priorización del empleo con respecto a su vida
privada, la lucha por una estabilidad psicológica en un contexto de
precarización e inseguridad, la ceguera en relación al trabajo de cuidados y
procreación, son altos precios que se han venido pagando.
La RBU parte de considerar el derecho a la vida y a
la dignidad de las personas como un derecho básico y universal, lo que
automáticamente nos ofrece una opción de igualdad para todas las personas,
independientemente de su sexo y condición[4].
Su financiación no tiene mayor problema ya que se basa en la premisa de que
aquel que más obtiene de la sociedad es aquel que más tiene que contribuir a su
sustento y que aquel que viene obteniendo migajas del festín de aquellos,
debido al desigual reparto de la riqueza, pueda obtener los ingresos básicos
para llevar una vida sin las limitaciones que impidan un desarrollo personal y
vital digno. El resto de servicios básicos que se han venido disfrutando en el
Estado de Bienestar no tienen por qué sufrir ningún menoscabo, y, sin embargo,
la RBU contribuiría a la mejora de la salud, la educación y en definitiva el
bienestar de toda la población.
[1]
Para incentivar la demanda congelada por las políticas de austeridad se vuelve
a hablar de la idea del premio Nobel Milton Friedman de dar dinero directamente
a la gente.
[2]
Desaparecería el sistema laberíntico de ayudas y exenciones y la llamada
policía de la pobreza que requieren una administración mayor y que en muchos
casos suponen un coste superior al requerido por las ayudas.
[3] Ver
“Tecnología y distribución de la riqueza”.
[4] 20 personas del Reino de España
tienen una renta equivalente a la que disponen 15 millones de españoles.
Además, según los datos del INE, más del 56% de las personas mayores de 16 años
que no tienen trabajo en nuestro país son mujeres, que además ocupan los
puestos de mayor precariedad.
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