Con la crisis,
la teoría neoliberal imperante basó el crecimiento económico en la exportación
y con esa finalidad se proponía una reducción de los costes empresariales que mejoraría
los precios de los productos exportables. Parece, sin embargo, que el único
coste que se tuvo en cuenta y había que bajar era el coste de los salarios y
por ello la reducción de los mismos en los últimos años ha sido significativa.
Pero, se olvidó que también había otros costes empresariales que podrían haber
sido recortados, entre ellos, los beneficios de las grandes empresas
exportadoras y los costes de la energía que eran muy importantes en la
contabilidad de las grandes y pequeñas empresas y que, en este artículo,
queremos poner en comparación con los recortes del salario.
En nuestro entorno político y económico parece que
la única forma de poner en marcha una economía embarrancada es la devaluación
interna, la devaluación salarial; “la política de devaluación interna ha
sido justificada desde las instituciones comunitarias no sólo como instrumento
para resolver los desajustes de balanza de pagos, sino, como la base sobre
la que se debía asentar la recuperación del crecimiento económico. Así, una reducción
de los costes laborales unitarios en aquellas economías con mayores déficits
comerciales y con más endeudamiento externo debería permitir el
restablecimiento de su competitividad, de modo que fuese la demanda externa la
que impulsase la recuperación económica. El salario se convierte de este modo
en variable macroeconómica de ajuste con la pretensión de que favorezca la
demanda de exportaciones[1]”. La posibilidad de que los
ciudadanos de nuestro país pudieran impulsar la economía mediante la demanda interna,
no era para tener en cuenta y, por tanto, parece que no era importante si se
empobrecía o no a la población.
Hay
que constatar que la reducción de los Costes Laborales Unitarios, la mayor
productividad y el crecimiento económico por sí mismos no han garantizado la
generación de empleo ni el aumento del bienestar de las sociedades. Basar la
mejora de la competitividad en la devaluación interna lo que sí ha provocado es
un aumento de los beneficios de los que más tenían y un perjuicio de los
trabajadores tanto en empleo como en salarios. Ha significado, en definitiva,
un reparto más desigual de tarta nacional que todos contribuimos a crear.
¿Y que ha
pasado con los costes de nuestra electricidad que han subido sin desmayo? ¿Qué
beneficio han reportado a la sociedad del Reino de España? Resumiendo podemos
decir que también han contribuido a una mayor desigualdad, al empobrecimiento
de los que menos tienen y a una menor competitividad de todas nuestras empresas.
Haciendo incluso que muchas de ellas rebosaran el vaso, tuvieran unos gastos
inasumibles y quebrasen. Todo ello en un contexto en el que “La regulación del
sector eléctrico ha configurado un sector ineficiente, en el que las grandes
empresas han disfrutado de injustificadas rentas de oligopolio, que no han
utilizado para la innovación en la generación y transmisión de la electricidad[2].”
Los más
importante de todo, no obstante, es que estas empresas que se han caracterizado
por su escasa innovación, tenían las espaldas cubiertas a pesar de no emprender
nada y arriesgar aún menos; el lobby de las eléctricas, por tanto, ha obtenido
una gran bicoca con los gobiernos “democráticos” de nuestro país: “Las empresas
[de la electricidad] recibieron entre 1998 y 2005 indemnizaciones millonarias,
8.664 millones de euros por los llamados costes
de transición a la competencia (CTC), que les permitió la recuperación de
su inversión en el conjunto de las plantas nucleares e hidroeléctricas. De
hecho, recibieron más, pues esas indemnizaciones se calcularon para cubrir un
precio de hasta 36 euros el MWh y, a partir de determinado momento, el coste
del mercado superó ampliamente este nivel. Se estima que recibieron
indebidamente cerca de 3.000 millones de euros adicionales.[3]”
La mejor definición de todo esto es que es un robo a los ciudadanos en toda la
regla. Además, para mayor INRI, las eléctricas han dejado sin luz a muchos
ciudadanos y sin embargo han conseguido beneficios record.
Lo duro de
esta comparación entre las políticas llevadas a cabo en relación con los
salarios y la electricidad es que se constata que ni se puso coto a los
beneficios de las eléctricas, que hubiera evitado un perjuicio claro para la
sociedad y sus ciudadanos, ni se mantuvo una política de estímulo de la demanda
interna, que, también, hubiera evitado mucho sufrimiento a la ciudadanía.
Fueron éstas políticas desechadas, y en su lugar se ampararon los privilegios
desorbitados de las eléctricas y se tomó como ideal y fundamental la política
de empobrecer al trabajador ahogado de hipotecas y deudas.
Se nos olvidó
también el futuro. Las energías renovables que habíamos empezado a desarrollar
y empezábamos a liderar, se tiraron por la borda, olvidándonos de los recursos
empleados y ahora, sin embargo, nos damos cuenta de que este sistema energético podría y puede darnos un
futuro muy diferente para España, mucho más innovador y mucho más sostenible en
términos no solo ambientales sino también económicos y sociales. ¿Por qué hemos consentido esto? ¿Por qué hemos
permitido que en nuestro país solo se defiendan los intereses de unos pocos
dejando que otros muchos queden desamparados cuando había mejores políticas que
tomar?
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