En economía se denomina externalidades a los
efectos indirectos generados por el sistema productivo. Estos pueden ser
positivos y negativos. Los positivos como por ejemplo la vacunación, son actividades
que se deben potenciar porque consiguen sinergias y beneficios para la mayoría.
Los negativos como la extracción y uso del petróleo, o todas aquellas
actividades que polucionan el medio ambiente, se deberían evitar y en caso de no
ser posible, al menos, cargar sus costes a aquellas empresas que lo generan y
se benefician de ello. Ya que estos efectos negativos por lo general no minoran
la cuenta de resultados de las empresas y, así, sus beneficios son mayores a
costa de que los ciudadanos a través del
Estado paguen el arreglo de sus desaguisados, o, también paguen con la
disminución de su calidad de vida.
En
julio de 2010 una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
consagró el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho
humano fundamental. No cabe duda que es un problema fundamental que ya tenemos
y que en el futuro será trascendente. En protección de riesgos futuros para las
personas, a la primera declaración de los Derechos Humanos de 1948, se han
añadido otros derechos que se han denominado de Tercera Generación, entre ellos
se concretan los relativos al uso de los recursos naturales y a la preservación
de los equilibrios ecológicos imprescindibles para la vida[1].
Sin embargo, la realidad diaria es que lo que se acuerda por los distintos
países en relación a los Derechos Humanos
no es la prioridad para los mismos que lo aprueban en un mundo donde lo
primero es el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). “Razón y violencia han ido así de la
mano, unidas a un maquiavelismo político que no dudaba en pactar con el diablo
o en masacrar derechos humanos en aras de algún objetivo inmediato.[2]”
En el mundo actual en el que las poderosas
multinacionales consiguen indecentes beneficios a costa del medio ambiente y
del esfuerzo de los ciudadanos, el pisoteo de los Derechos reconocidos a todos
los ciudadanos es continuo y se convierte en papel mojado cualquier acuerdo o
Constitución que los respalde. La esquizofrenia seguida por nuestros
gobernantes es patente, ya que por una parte firman documentos en beneficio de
todos y, sin embargo, en su actividad política toman decisiones que perjudican
a la mayoría más débil y benefician a los poderosos, a las élites, aumentando
sin descanso la desigualdad entre las personas. Pero es que a las élites solos
les interesa mantener el statu quo y
para ello el crecimiento del PIB es la herramienta con la que manipulan a los
ciudadanos y les hacen creer que el cumplimiento de este objetivo les salvará.
Sin embargo, deberíamos tener claro que "el
crecimiento no permite ni comprender ni resolver ninguna de las crisis
fundamentales del inicio del siglo XXI: la crisis de las desigualdades y la
crisis ecológica[3]".
Es constatable según muchos estudios e investigaciones el notable desfase
existente entre el crecimiento económico, medido por el PIB, y la progresión de
la renta de las personas. Así, "un estudio reciente de Anne Case y Angus
Deaton muestra que, durante el periodo 1999-2013, [en el cual] el PIB
norteamericano ha progresado en más de 7.000.000 millones de dólares, un sector
entero de la población norteamericana ha visto su salud deteriorarse de manera
trágica[4]". Está
suficientemente contrastado que el crecimiento no es ni necesario ni suficiente
para el bienestar. El bienestar ni la felicidad no desembocan de forma
automática en él.
Cuando lo que está en riesgo son las
condiciones de vida de la mayoría de la humanidad y en muchos casos la propia
vida. No es de recibo que el sistema económico esté montado para que los que
más tienen y son más responsables de la destrucción del medio ambiente reciban
más y se lo quiten a aquellos que tienen menos y apenas dejan huella ecológica.
Por tanto, para que las externalidades no las paguen aquellos que las generan. El
sistema debe buscar la manera para que aquellos que más propician la
destrucción del planeta, no sean los menos afectados por sus consecuencias.
El modelo de pensamiento nacido en
Occidente y exportado al resto del mundo, se ha desarrollado en contradicción
con las relaciones de ecodependencia e interdependencia que aseguran el
sostenimiento de la vida. El "régimen del capital" ignora la
existencia de límites físicos en el planeta, y oculta y explota los tiempos
necesarios para la reproducción social cotidiana que, en los contextos
patriarcales, son asignados mayoritariamente a las mujeres. Crece a costa de la
destrucción de lo que precisamente necesitamos para sostenernos en el tiempo y
se basa en una creencia tan ilusa como peligrosa: la de que los individuos somos
completamente autónomos e independientes respecto a la naturaleza y al resto de
personas[5].
Pero seguimos escuchando los cantos de
sirena que nos dicen que la economía crece, vamos bien, somos los mejores, y,
mientras tanto, los salarios caen, los servicios públicos, las pensiones
públicas y las prestaciones sociales se
recortan y el Medio Ambiente continúa en su carrera hacia la destrucción.
[1] Ver La energía en la agenda 2030. Cristina Narbona.
Temas para el debate núm. 270. Mayo 2017
[2] Naredo, Jose Manuel (2015:25). Economía, poder y
política. Díaz y Pons editores.
[4] Ibídem (2017:23)
[5] Yayo Herrero. Revista de Economía Crítica núm. 22. Economía feminista y
economía ecológica, el diálogo necesario y urgente.
