Hay mucha
gente que montada en su fundamentalismo ideológico, aún hoy, defiende el
escamoteo de unos recursos básicos a los que más lo necesitan y, sin embargo,
presionan para obtener suculentos beneficios fiscales y no fiscales; se niegan
a pagar y esconden sus dineros en paraísos fiscales burlando sus obligaciones
para con la sociedad que les acoge y de la que dicen ser máximos defensores de
su bandera y símbolos; marca España. Y vemos, sin embargo, con estupor que el
Ibex-35, en el que se encuentran las grandes empresas de nuestro país y los
empresarios que reciben los sueldos más estratosféricos, triplicó su presencia
en paraísos fiscales durante la presente crisis.
A los pobres, sin embargo, se les excluye de los derechos sociales,
se les priva de los medios básicos para una vida digna y se les hace, además,
responsables de ello. Hay así "…una categoría de personas ‘excluidas’ a
las que se atribuye un amplio repertorio de características individuales: poca
fuerza de voluntad, vagancia, vicios, incapacidad para gestionar el dinero,
hábitos sexuales no aceptados, impulsividad, predisposición a la delincuencia,
alcoholismo, drogodependencias […] la sutil pero progresiva transformación de
los problemas sociales en asuntos individuales justifica la transferencia de
responsabilidades del ámbito de los servicios sociales al de la política
criminal[1]".
Un
recurso ampliamente utilizado por el fundamentalismo neoliberal para acabar con
el paro, es poner a los ciudadanos al borde de la indigencia para que formen un
ejército de parados que pueda servir de reducción de los costes salariales y,
como consecuencia, sirvan de impulso de nuevas actividades empresariales con
más posibilidades de beneficio y luego echarles la culpa de lo que les pasa. El incremento de la presión
sobre los parados para que trabajen vía su culpabilización, viene a plantear
que las causas del desempleo se encuentran en deficiencias aptitudinales o
actitudinales de carácter personal. El mensaje que se lanza es que el empleo lo
crean los empresarios y el desempleo los propios trabajadores.
Con esta filosofía todo vale. Nos inoculan para cualquier
barbaridad. El colmo de la insensibilidad y la falta de empatía lo hemos visto
en estos días con la propuesta del BBVA de reducir los salarios de los
trabajadores un 7 por ciento para fomentar el trabajo, ¡cómo si la austeridad
estuviera dando resultados! Aclaremos, además, que el salario mínimo
interprofesional (SMI) es de 9.168 euros anuales y que el presidente del BBVA
cobra alrededor de 15.470 euros diarios.
No
obstante, debiéramos estar acostumbrados a estas cosas con el modelo
neoliberal; una, entre muchas, que nos cuenta Owen Jones es la siguiente: “Brian
McArdle era un exguardia de seguridad de cincuenta y siete años de Lanarkshire
que había quedado medio ciego y paralizado de un costado por un derrame
cerebral. Le costaba horrores hablar, ya no digamos alimentarse o vestirse; un
ejemplo clásico y trágico de por qué es tan importante que en nuestro país
exista un Estado de bienestar, pueden pensar ustedes. Sin embargo, al señor
McArdle le mandaron presentarse a una “evaluación de aptitud para el trabajo” a
cargo de Atos, una empresa francesa contratada para reducir el gasto en
prestaciones a base de reducir el número de personas que solicitaban ayudas de
incapacidad. Días antes de su cita, McArdle sufrió otro derrame cerebral, pero,
aun así, se presentó. Lo declararon apto para el trabajo. El día 26 de septiembre
de 2012, le informaron de que iba a dejar de cobrar prestaciones al día
siguiente, le dio un ataque al corazón, se desplomó en la calle y murió.[2]”
Quien nos ha traído la crisis nos ha apresado en un mundo cruel y
feroz. El índice de incidencia de siniestralidad laboral, cuya tendencia era descendente
antes de la crisis, se revierte en el
año 2012 a pesar del cierre casi
completo de la construcción. Sector que mostraba los peores índices de
siniestralidad laboral. Las personas que han solicitado la Renta Mínima de
Inserción (RMI) en el ámbito nacional, han pasado de 103.071
personas titulares de RMI en 2007 en el inicio de la crisis, a 258.408 personas
en el año 2013 según los ministerios de Sanidad y Servicios Sociales e
Igualdad. Sin embargo, en el año 2014, el número de filiales
ubicadas en territorios con ventajas fiscales batió el récord con 891. El Banco
Santander, con 235 filiales, es la principal beneficiaria de la elusión fiscal,
según un informe de Oxfam Intermón y el ORSC.
No puedo
estar más de acuerdo con Susan George cuando nos dice: “Estamos viviendo una
fase regresiva en lo que respecta al bienestar humano y medioambiental. Una
clase internacional dominante especialmente codiciosa no ceja en su empeño de
arrebatar a la clase pobre trabajadora y a la clase media muchas de las mejoras
y ventajas por las que tanto han luchado en las últimas décadas y los últimos
siglos. La lucha ahora debe ser
internacional. Los derechos humanos deben ser universales y, para que ello
suceda, las instituciones públicas y privadas deben estar bajo el control de la democracia.[3]”
En estos
últimos decenios la diferencia entre pobres y ricos no ha hecho más que
agrandarse, sin embargo, no se ha penalizado a aquellos que han tenido la culpa
de la misma y sí a los pobres que han sufrido las consecuencias. ¡Qué mundo
cruel!
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