Como bien dice el premio nobel de economía Stiglitz
“los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad civilizada”.
Los ciudadanos, en consecuencia, deberían ser solidarios y con su colaboración
contribuir al beneficio de todos. Pero he aquí que sorprendentemente, aunque claramente
avalado por la evidencia, se constata que los que más tienen son los que suelen
aportar menos impuestos para procurar el beneficio de todos los integrantes de
las distintas sociedades desarrolladas. Así podemos leer: “Históricamente, los
ricos, incluidos rentistas y especuladores, consideran un expolio tener que
pagar al Estado en función de su patrimonio y de sus ingresos. Para ellos, si
los gobiernos quieren financiar programas sociales, que busquen otros medios, y
no admiten, incluso hoy en día, aunque utilicen argumentos más sofisticados,
que se les imponga una fiscalidad específica o progresiva[1]”.
Un caso paradigmático entre los ricos es el de Mitt
Romney, candidato republicano a las presidenciales de Estados Unidos de 2012,
convertido en símbolo y ejemplo de la escasa contribución de los ricos, cuando
reconoció que no había pagado más que un 14 por ciento de impuestos sobre la
renta de 2011, y al mismo tiempo se quejaba de que el 47 por ciento de los
estadounidenses eran unos aprovechados[2].
Pero ¿quién son verdaderamente los parásitos, los que se aprovechan de los
demás en la sociedad? ¿Aquellos que para poder vivir él y su familia son
capaces de cometer la vileza ilegal de cobrar en negro o aquellos que sacando
jugosos beneficios de la sociedad, sin embargo, no aportan a la misma de
acuerdo a sus ganancias, escamoteando todos los impuestos que pueden, buscando
todos los recovecos legales, en aras a un interés exclusivamente personal? Se ha olvidado lo que atinadamente decía
George Orwell “lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humanos”.
Unas cuentas sencillas nos pueden hacer pensar en
las posibilidades que existen con un sistema fiscal a favor de la mayoría que,
además, respetando las necesidades básicas de los habitantes pueda recabar
financiación suficiente para lograr una sociedad igualitaria y libre, con unos
servicios públicos de un alto nivel de calidad y que no se olviden de ningún
ciudadano.
Tomaremos
datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE). En España
tenemos una población de 46.600.000 habitantes. De ellos 7.007.970 están
comprendidos entre 0 y 14 años y el resto 39.592.979 tienen edades superiores a
14 años. Si tenemos en cuenta que uno de los graves problemas de nuestra
sociedad es la desigualdad y especialmente la pobreza sobre todo infantil,
vamos a calcular, con el objetivo de erradicarla, la propuesta de la Renta
Básica Universal (RBU) en la que todas los ciudadanos con edades superiores a
14 años cobrarían 650 €, lo que supondría un gasto de 25.735.436.350 € y en la
que cobrarían 250 € aquellos con edad inferior, lo que nos daría un gasto de
1.751.992.500 €, y, por tanto, un gasto total de 27.487.428.850 €. Es una
cantidad muy importante, pero hay que recordar lo que nos quitamos para dárselo
a los bancos. Además, es un gasto social que se convierte en aceite activador
de la economía al incrementar la demanda interna, dar salida a la producción
empresarial y crear un círculo virtuoso que consigue engrosar los ingresos
públicos, facilitando la financiación de los servicios públicos y los bienes
públicos que nos ayudarán a todos.
Ahora pondremos sobre la mesa el Producto Nacional
Bruto (PNB) de nuestro País. Nos decía el afamado premio nobel de economía y
autor del manual de economía en el que más han bebido los universitarios
españoles que el PNB o Renta Nacional (RN) es uno de los conceptos más
importantes de toda la economía y mide el rendimiento económico del conjunto de
la misma. Mide en términos monetarios el flujo anual total de bienes y
servicios, o lo que es lo mismo la suma
de las retribuciones de todos los factores de producción nacionales. Por tanto
el Producto Nacional se puede medir como flujo de bienes y servicios y como
flujo de ingresos. Para simplificar, sin embargo, tomaremos el Producto
Interior Bruto (PIB), por ser ampliamente conocido. Se diferencia del PNB en
que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país,
en el interior, sin descontar los producidos por los extranjeros. Pues bien el PIB en el año
2014 ascendió a 1.041.160.000.000 €. Por tanto, siguiendo nuestro cálculo, deduciremos de esta cantidad el importe de
los 27.487.428.850 € que nos costaría la RBU y nos quedarían 1.013.672.571.150
€ sobre esta cantidad aplicaríamos, según la propuesta analizada, un impuesto
del 49 %. Hay que tener en cuenta que todo lo que sobrepase el importe de la
RBU debe considerarse como un ingreso extra por encima de la renta mínima de
ciudadanía acordada, que se ha extraído de la propia sociedad y por ello tiene
que redundar especialmente en su beneficio y no ir en su detrimento. Pues bien
tendríamos que ese 49 % asciende a una cantidad de 496.699.559.863,50 € lo que
supone un 47,71 % del PIB. Una cantidad muy importante.
En España (según datos del 2013) la Administración
pública recaudó aproximadamente un 38 % del PIB. ¿Es mucho o es poco? Pues si
tenemos en cuenta lo que recaudan nuestros vecinos, parece poco. Los ingresos
públicos representan en promedio un 47 % del PIB, es decir bastante más que
aquí: un 45 % en Alemania (¡sí Alemania!), un 53 % en Francia, un 48 % en
Italia y un 41 % en Gran Bretaña.
La globalización al servicio de
los más poderosos, de los que más tienen, las artimañas
que llevan a cabo las grandes corporaciones transnacionales, el uso y abuso
permitido de los paraísos fiscales, considerar el egoísmo como el motor más
importante del avance de nuestras sociedades. Todo ello fomenta un uso
inadecuado del sistema democrático. La democracia, no obstante, debe ser un
proceso que nos haga tender a la igualdad de derechos y oportunidades, que
defienda la dignidad de todos los ciudadanos. Para ello, se deben respetar las
normas de una persona un voto y aquellas que permitan una democracia con una
verdadera participación ciudadana. Se debe evitar, por contra, que el poder
económico no las desvirtúe en su beneficio. Y, en consecuencia, se debe conseguir
que el poder político busque verdaderamente el fin que tiene asignado y para el
que fue elegido. Fin que no es otro que buscar el máximo bienestar y autonomía de los ciudadanos.
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