Los sistemas e instituciones
económicas vigentes en los países desarrollados no ayudan a repartir de una
forma equitativa las rentas que genera la sociedad en su conjunto. Soy
partidario, sin duda, de que todos los ciudadanos tengan derecho, por el simple
hecho de vivir, a una vida digna y para ello tienen que tener recursos
económicos suficientes. No obstante, las excesivas instituciones económicas
vigentes muchas veces no contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos, ni
tampoco contribuyen a mejorar los resultados económicos.
A veces contribuyen a aumentar
desequilibrios y a conseguir efectos contrarios a las obligaciones del estado.
La deuda pública es una de estas instituciones que se usan con efectos
perversos, “es una operación innecesaria que responde a un atavismo que procede
de la época de los patrones monetarios metálicos[1]”, ya que
“La creación y extinción de activos financieros no origina ni destruye riqueza,
ni presente ni futura, simplemente transfiere rentas entre unos agentes y
otros.[2]”
Simplemente supone una transferencia a aquellos más ricos, aquellos que posen
títulos de deuda pública, algunos masivamente. “Actualmente los grandes
tenedores de deuda pública son los fondos de pensiones y de inversiones donde
conservan sus ahorros las personas de mayor renta.[3]”
También, el continuo debate sobre las
pensiones me parece una forma de seguir ocultando y obviando otras soluciones
mejores para la sociedad. La falta de creatividad y el empecinamiento en
continuar por caminos trillados, ocultan otras alternativas posibles que
pudieran solucionar la problemática actual:logrando resultados económicos más
ventajosos y mejorando la equidad social. Caer en el
juego del déficit de la Seguridad Social, basado en los ingresos y gastos
conforme la contabilidad y los criterios actuales, es seguir borreguilmente el
camino dictado por los que más tienen.
Por qué no conocemos la realidad de
los beneficios de las empresas. Por qué tenemos que sumar como gastos
empresariales aquellos que no tienen nada que ver con la actividad empresarial,
ni con su rentabilidad. Necesitamos una sociedad transparente, una sociedad que
permita saber la realidad de las actividades empresariales, sus costes, sus
beneficios, su rentabilidad. Partiendo de esta base es necesaria una fiscalidad
equitativa y proporcional que hiciera pagar más a los que más rentas obtuvieran,
bien sean por salarios, por beneficios o por otros tipos de rentas, y
menos a aquellos que menos obtengan. No es de recibo que salarios menores e
incluso indignos paguen más a las arcas del estado que millonarios beneficios
empresariales. Los impuestos recaudados deberían servir para hacer posible una
vida digna a aquellos que por la causa que fuera no obtuvieran ingresos
suficientes y para cubrir también un Estado de Bienestar de acuerdo a los
niveles de su economía[4].
El Gobierno cuya misión es velar
por el buen funcionamiento de la sociedad y mejorar la vida de sus ciudadanos,
debe incentivar actividades necesarias para la vida y el aseguramiento de los
bienes públicos, dejando en manos de la iniciativa privada aquello que puede
hacer mejor. Sin embargo, debe desincentivar aquellas actividades contrarias a
la vida y a los objetivos sociales que tienen encomendados. En ningún modo debe
centrarse en mejorar la vida sólo de unos pocos ignorando las necesidades de un
sector social.Creo que el Gobierno debe evitar la explotación de unos sobre
otros. Por ello debe intentar ser equitativo y evitar que las desigualdades
sociales sean escandalosas o dañinas al bien social. Según Thomas Piketty “la
redistribución fiscal es superior a la redistribución directa […] [pero] para
juzgar los efectos de una redistribución, no hay que limitarse a mirar quién
paga: hay que considerar también la incidencia de la redistribución propuesta
sobre el conjunto del sistema económico.[5]”
Debemos
recordar que nuestra querida España no tiene una especial presión fiscal ya que
está 8 puntos por debajo en relación a los países europeos. Es importante, al
respecto, el punto de vista de la TMM:
entender que en caso necesario y con el objetivo de mejorar la sociedad que se
gobierna “el estado debe gastar primero para luego recaudar, ¿por qué no
aplicar políticas de gasto que resuelven primero las necesidades sociales más
acuciantes? Con posterioridad el estado puede decidir si necesita subir los
impuestos y qué colectivos asumirán esa carga adicional.[6]”
Si queremos un mundo menos
desigual, debemos ser honrados en los datos, debemos ser transparentes y
mostrar la realidad de las actividades económicas y de los ingresos de cada uno.
Al fin y al cabo todos los ingresos son generados en sociedad. Y partiendo de
una sociedad transparente podemos buscar una equidad en las aportaciones
al bien común. Todo ello tiene que estar
basado en una democracia fuerte y real en la que el voto de cualquier ciudadano
tenga el mismo valor que el voto de cualquier otro.
[1] Medina
Miltimore, Stuart (2017:102). La Moneda del
Pueblo. El Viejo Topo.
[2] Ibídem
(2017: 101)
[3] Ibídem
(2017: 103)
[4]
Una de las funciones de los impuestos debe ser el reparto equitativo de la
renta y la riqueza. No obstante, conviene aclarar que conforme la Teoría
Monetaria Moderna (TMM), un estado que emita su propia moneda no necesita
recaudar impuestos para financiarse, sus límites presupuestarios son los
límites de la economía real del propio estado.
[5]Piketty,
Thomas (2015:48-49). La economía de las desigualdades. Anagrama. Colección
Argumentos.
[6] Medina
Miltimore, Stuart (2017:94). La Moneda del
Pueblo. El Viejo Topo.
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