El debate de las pensiones esconde, como la mayor
parte de los debates políticos, una lucha de intereses contrapuestos. Las
políticas ortodoxas, favorables al fundamentalismo del mercado, magnifican las
bondades de la privatización de las pensiones con el objeto de participar de un
buen trozo de pastel del PIB. El individualismo y la capitalización de las
aportaciones durante la vida laboral, supondrán, al albur de las subidas y
bajadas del mundo financiero montado en las turbulencias de la globalización,
las pensiones a percibir cuando llegue el momento de abandonar la vida laboral,
cada día más lejano. Poco importa a esta visión el paro, el empleo precario, la
pobreza, y la inmensa masa de personas que debido a la
realidad de nuestra economía no podrán pensar siquiera en aportar un
mínimo a los planes de pensiones privados.
Para aportar, sin embargo,
algo de realidad es bueno recordar alguno de los datos que la Encuesta de
población activa (EPA) correspondiente al último trimestre de 2016 nos da: la tasa de paro
juvenil en el último trimestre de 2016 ascendió al 41,94%, los hogares con
todos sus miembros en paro son 1.438.300 y los parados que llevan más de un año
2.030.600. Recordemos, además, que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a
pesar de la subida de este año sólo asciende a 707,6 €, y que el precio de la cesta de la compra ha
subido en los últimos años doce veces más que las pensiones.
Hay otro punto de vista, muy diferente, que
entiende la vida social de forma menos competitiva y que considera que todos
tenemos el derecho a una vida digna, reconociendo los derechos humanos a toda
persona por el hecho de nacer. Esta alternativa no puede basarse en la montaña
rusa de la bolsa, ni en el soporte de un mundo financiero que busca el
enriquecimiento individual a costa de provocar pérdidas en la mayoría. Esta
alternativa tiene que basarse en la cooperación y la solidaridad en un mundo
empático y sensible con el otro. Para este punto de vista no importan las
desigualdades; que un pequeño porcentaje de la población disponga de la mayor parte de lo producido por todos y
otros muchos tengan que estar mendigando, no son la solución[1].
En este contexto nos encontramos que en la reciente comparecencia
del Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ante la comisión de seguimiento del Pacto de
Toledo, ha propuesto, entre otras medidas, que se retrase la edad de jubilación, y se incentive
la contratación de planes de
pensiones privados con
los que hacer frente a la moderación de
las pensiones."Desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años tendría efectos positivos". Asimismo,
el gobernador ha expuesto que "se podría plantear extender el papel del
ahorro para la jubilación, de modo que permita complementar los recursos del
sistema contributivo público con la acumulación de activos financieros con los que suplementar las futuras
pensiones públicas".
Esta recomendación de contratar planes de pensiones privados -o también
"público-privados", como posteriormente trató de matizar Linde-
responde a un contexto futuro en el que se producirá una disminución de la tasa
de sustitución, esto es, una reducción en la cuantía de
las pensiones así
como en su poder adquisitivo. Menos mal que, también, Linde ha señalado la
necesidad de ampliar las vías de ingresos, punto en el que se ha mostrado
favorable a que se destine parte de la recaudación de ciertos impuestos a la
financiación de las pensiones de viudedad y orfandad. Lo que no ha considerado
positivo, en cambio, es elevar las cotizaciones sociales porque "supondría
un fuerte aumento de los gastos laborales".
Es curioso que al mismo tiempo de la intervención del
Gobernador del Banco de España el informe anual de INVERCO diga que “El
maltrato fiscal y las pobres rentabilidades han certificado un año desastroso para los planes
de pensiones privados. Según el informe, el 65%
de los ahorradores que tienen un plan no aportó nada al mismo el año pasado.
Y otro 10% aportó menos de 300 euros. Además, la cifra de partícipes se redujo
en 0,4%, a pesar de los esfuerzos comerciales de bancos y aseguradoras al
cierre del año. Los datos de INVERCO ponen de manifiesto, además, que uno de
los principales motivos
para hacerse un plan de pensiones es la desgravación fiscal, que afecta
a todos los estratos sociales. Así, la desgravación media en la base imponible
del IRPF fue de 1.635 euros. Hay que recordar, sin embargo, que esta
desgravación es un beneficio a corto plazo, puesto que al rescatar el plan el
contribuyente debe tributar por todo su patrimonio -no sólo por la ganancia,
también por lo aportado- como si fuera un rendimiento del trabajo.
Es difícil no
reconocer en las propuestas del Gobernador del Banco de España el punto de
vista neoliberal. Punto de vista que repercutirá agrandando las diferencias
entre unos y otros y que apuesta por los poderosos dándoles más de lo que
tienen y quitándoselo a los demás. A estas alturas del partido cualquier
economista sabe que un incremento de la demanda impulsa el desarrollo de las
empresas, que los recortes que afectan a la mayor parte de la población dejan
sin posibilidades de consumo y ponen en riesgo la vida de las personas y la
economía en general. Que la falta de empleo, especialmente para los pobres, y
el incremento de desigualdad no ofrecen ninguna esperanza. Por ello ha de
entenderse que todo esto se sabe y los objetivos ocultos de estas políticas no
son las palabras vacuas con las que los políticos que las defienden nos regalan
los oídos.
Reducir las pensiones, alargar la
vida laboral y privatizarlas no son medidas que sirvan para combatir la crisis
económica, ni mucho menos, sino que implican un paso más en el desmantelamiento
del precario estado social que se está llevando a cabo en perjuicio de los más
débiles y para satisfacción de los poderosos.
[1] El 5 % más rico recibe el 37 % de la renta global, el
5 % más pobre sólo el 0,2 %. El 1 % de la población tiene el 48 % de la
riqueza, casi tanto como el 99 % restante.
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